Fuente original: MINAM
Lima, 18 de febrero.- Con el propósito de promover la investigación en materia ambiental en las universidades públicas del país, el Ministerio del Ambiente (MINAM) viene desarrollando mecanismos para la mayor producción de investigaciones científicas de calidad, sostenida en indicadores relevantes y confiables.
Así, tras identificar líneas temáticas prioritarias de investigación que puedan cubrir las necesidades de información a nivel local, regional y nacional, en la región sur del país ya se ha priorizando 10 proyectos de investigación en una labor conjunta con las universidades nacionales del Altiplano, Juliaca, Moquegua, San Antonio Abad del Cusco y Jorge Basadre Grohmann de Tacna. Gracias a ello, se generará conocimiento de vital importancia para la conservación y la gestión adecuada de los ecosistemas del sur así como la incorporación del uso de nuevas tecnologías.
Según informó la Dirección General de Información e Investigación Ambiental del MINAM, dentro del conjunto de fuentes actualmente disponibles para el financiamiento de actividades de investigación en el Perú, la principal es aquella proveniente del canon de las diferentes actividades extractivas.
Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) permiten demostrar que, de la suma de transferencias por concepto de canon que recibieron dichas universidades en el 2014, equivalente a S/.224’272.883 apenas se ejecutó en el 35.76%.
Por ello, resulta vital integrar esfuerzos e impulsar, desde el MINAM, al uso de estas transferencias de recursos financieros así como las del Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM), mediante el inventivo a la investigación ambiental para lograr que las universidades reciban asistencia técnica especializada para el fortalecimiento de capacidades. Solo así se podrá orientar e identificar las demandas de investigación de carácter prioritario en el Perú, a través de la Agenda de Investigación Ambiental 2013-2021.
EL DATO
Según lo establece la Ley N° 27506 Ley del Canon, los gobiernos regionales tienen el deber de entregar el 20% del total de los recursos que perciben por concepto de canon a las universidades públicas dentro de su circunscripción, que debe ser destinado exclusivamente a la inversión en investigación científica y tecnológica que potencie el desarrollo regional.
